Pakistán juzgará a su Policía por llevar a cabo asesinatos de presuntos blasfemos contra el Corán

Pakistán ha confirmado su estatus de país donde se aplica con más contundencia la ley islámica de muerte a los blasfemos, tras el último caso que implica a la Policía en dos asesinatos de detenidos por ese cargo.

El Gobierno de Islamabad ha dado a conocer los resultados de una investigación, que hace responsable a la Policía de Umerkot, en el sur, del asesinato de un doctor acusado por los clérigos musulmanes de colgar un texto 'sacrílego' contra el Corán en su cuenta de Facebook.

Los imanes movieron a una turba a asediar la comisaría de Policía y a la quema de vehículos, lo que provocó la detención del médico días más tarde. Según el ministro paquistaní portavoz del caso, los oficiales decidieron entonces simular un tiroteo para asesinar al médico, y calmar así a los islamistas. Se abrirá un proceso criminal contra los policías implicados.

En una semana, Pakistán ha vivido dos casos similares de asesinato de presuntos blasfemos en dependencias policiales, lo que marca una escalada en la aplicación arbitraria de la ley islámica, que establece pena de muerte para los blasfemos.

No consta que el Estado paquistaní haya aplicado nunca esa norma religiosa, pero las oenegés de derechos humanos denuncian que centenares de personas han sido linchadas por presunta blasfemia antes incluso de que comenzaran los juicios. Pakistán, que no está reputado entre los países de mayoría musulmana más fundamentalista, destaca por la persecución de la blasfemia a instancias de sus clérigos.

La noticia de los asesinatos de presuntos blasfemos coincide casi con el anuncio del Gobierno español de que impulsará una ley para declarar irrelevante insultar o mofarse de la religión.

En España, el 'delito de blasfemia' fue derogado en 1988. En 1995, el Código Penal calificó como falta la mofa de los sentimientos religiosos. Desde entonces, decenas de denuncias por el escarnio de la religión cristiana en el ámbito público -en particular en universidades, espectáculos y medios de comunicación- han quedado en nada en los tribunales. Si sale adelante la ley de Pedro Sánchez, ya no cabrá siquiera ese recurso.

¿Deberían protegerse de algún modo los sentimientos religiosos de un amplio sector de los ciudadanos? El filósofo alemán Robert Spaemann, en un conocido trabajo, defendió que el Estado laico debería hacerlo. Y propuso que la blasfemia en público fuera considerada legalmente como una doble falta: por la injuria contra alguien, y por ofender lo que muchos ciudadanos tienen como más sagrado.