Las incógnitas del pacto «humillante» que Sánchez ha regalado a Puigdemont
El texto acordado entre el PSOE y Junts no concreta el uso lingüístico, el reparto de inmigrantes y la cooperación policial
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La proposición de ley orgánica registrada este martes por el PSOE y Junts en el Congreso para que la Generalitat de Cataluña disponga de las «competencias estatales» en materia de inmigración consta de una exposición de motivos, trece artículos y cuatro disposiciones (tres ... adicionales y una final). Más allá de la parte expositiva, en la que el PSOE acepta el control de la inmigración en los términos políticos que defiende Junts, «la catalanidad» como la única manera de «integrar» a los recién llegados, la mención al catalán como «lengua propia» obviando el español y el reconocimiento, no explícito, de que el Gobierno ha fracasado en la gestión migratoria, el texto deja sombras sobre algunos asuntos concretos.
La única mención al régimen lingüístico en la propuesta de la citada ley orgánica figura en el artículo 12.5 y remite al Estatuto de Autonomía de 2006 sobre los «derechos y deberes lingüísticos» (Título I, Capítulo III). Este punto estatutario fue adecuado a la legalidad por el Tribunal Constitucional en 2010 dejando claro que el catalán no es exigible de forma generalizada, a diferencia del español.
Sin embargo, este martes, tanto Carles Puigdemont, presidente de Junts, como Míriam Nogueras, portavoz de esta formación en el Congreso, remarcaron que, cuando esté en vigor la delegación y la Generalitat tome las riendas de la inmigración, el catalán será «requisito» para obtener los permisos de residencia y la emisión de las tarjetas de identificación.
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Hasta ahora, los ayuntamientos y las administraciones autonómicas emiten los informes de arraigo, entre otros documentos, que sirven para que el Gobierno tramite el permiso de residencia. En esta comunidad, el catalán es un mérito, pero no un requisito. Según Puigdemont, esto cambiará. «El requisito de saber catalán es imprescindible para decidir si estás arraigado en Cataluña», señaló.
Reparto de inmigrantes
El artículo 7 de la propuesta de la ley orgánica, consecuencia del pacto entre el PSOE y Junts, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó, nada más conocer la iniciativa, como una «humillación sin precedentes», informa Emilio V. Escudero, concreta que la Generalitat se encargará de la «gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE)» controlando absolutamente todo y retirando a la Policía Nacional del que está en Cataluña para que sean los Mossos d'Esquadra los que tomen su control. Puigdemont dijo que estas instalaciones «no pueden ser almacenes de seres humanos», sin más concreción, deslizando que actualmente en estos espacios, que gestiona el Gobierno, no se cumpliría la ley.
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Aunque en el texto articulado no se especifica, fuentes oficiales de Junts señalaron a ABC que la Generalitat tendrá capacidad para cerrar el único que hay, en Barcelona, y que, en todo caso, si no se clausura, no entrará en el reparto que se pueda hacer con otras comunidades autónomas para una gestión solidaria de la inmigración irregular. Caso aparte es el asunto de los menores extranjeros no acompañados (menas) que no pueden ingresar en los CIE al no ser, precisamente, mayores de edad.
Colaboración policial
Uno de los aspectos más polémicos y menos definido de la delegación de competencias es cómo se gestionará la «coordinación, cooperación y colaboración» entre las administraciones, nacional y regional, que se tendrá que articular, principalmente, entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La Policía autonómica controlará los puertos y los aeropuertos (incluidas las «infraestructuras críticas») de Cataluña pero no se concreta cómo lo hará en sus fronteras, que no se ceden y seguirán en manos –compartidas– del Ejecutivo. Sin embargo, Nogueras aseguró que «los Mossos pasan a ejercer el control de fronteras». Una aseveración que no queda detallada en el documento.
Tampoco se aclara qué ocurrirá si, puntualmente, se restablecen los controles fronterizos con Francia (espacio Schengen) y quién los dirigirá. Ni qué «ficheros» de información se compartirán entre los cuerpos policiales para la gestión de la inmigración.
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